SIGUE LA JODA EN CTM: GOBIERNO APRUEBA NUEVA INYECCIÓN DE FONDOS

Crónicas del Este 04/02/2024 Política

En un paso que ha generado opiniones divididas, el Gobierno uruguayo ha asignado 744 millones de pesos a la Comisión Técnico Mixta, desatando un intenso debate sobre la gestión de recursos y la transparencia gubernamental.
La reciente aprobación de fondos por parte del Ejecutivo a la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande ha puesto en tela de juicio la eficacia en el manejo de recursos y la transparencia gubernamental. El 29 de enero, el presidente junto con la ministra de Economía firmaron una resolución que libera una cifra significativa de 744 millones de pesos (equivalentes a unos 19 millones de dólares) destinados a dicha comisión. Este acto administrativo ocurre en medio de críticas persistentes hacia la gestión de algunos cargos dentro de la comisión, especialmente después de la renuncia de su presidente anterior en septiembre del año pasado.
La asignación de estos fondos, inicialmente prevista en el Presupuesto Nacional al inicio de la actual administración, contradice los anuncios previos del Ejecutivo sobre la intención de reducir gastos. Aunque, en octubre de 2023, el Parlamento uruguayo había expresado de manera unánime la necesidad de cesar inmediatamente a varios funcionarios de la comisión, vinculados mayormente a sectores políticos específicos, generando expectativas de cambios en su gestión.
La reacción a la resolución no se hizo esperar. Desde el ámbito local, figuras políticas como el intendente de Salto han expresado su descontento, argumentando que la decisión posibilita la asignación de recursos para el pago de salarios a ediles y militantes de cierto espectro político, desatendiendo las recomendaciones y exigencias del Parlamento. Esto ha sido interpretado por algunos como una continuación de prácticas clientelistas, poniendo en entredicho el compromiso del Ejecutivo con la transparencia y la rendición de cuentas.
En las redes sociales, la discusión se ha expandido con comentarios de figuras políticas de otros departamentos, quienes critican la medida como un respaldo a las "peores prácticas" en la gestión pública. La Vertiente Artiguista, por su parte, ha resumido la situación como una falta de revisión, corrección y continuidad en el pago a ciertos sectores políticos, calificándola como cero en transparencia e impunidad total.
La controversia se extiende al ámbito legislativo, donde voces críticas señalan la contradicción entre las promesas de austeridad y la realidad de aumentos salariales para los involucrados. La interpelación a altos cargos del gobierno en meses anteriores, que buscaba esclarecer y promover la transparencia, parece haberse olvidado ante esta nueva resolución. La promesa de renuncia de ciertos cargos, exigida por el Parlamento, sigue sin materializarse, y la gestión de recursos en la CTM es vista por algunos como un desafío abierto a la ética pública y una burla a la ciudadanía que demanda responsabilidad y cambio.
Este panorama plantea interrogantes sobre la dirección de la política de gestión de recursos y la transparencia en Uruguay, en un momento en que la ciudadanía exige más que nunca claridad, eficiencia y responsabilidad en la administración pública. La decisión del Ejecutivo de autorizar estos fondos, lejos de zanjar el debate, parece haberlo intensificado, situando la gestión de la CTM de Salto Grande en el epicentro de una discusión más amplia sobre la gobernanza, la ética y el futuro político del país.