ALCALDE RAMIRO AYENDE ASEGURA QUE EL INTENDENTE NICOLÁS OLIVERA RECIBE COIMAS

Crónicas del Este 12/01/2024 Política

El actual periodo de gobierno liderado por el intendente Olivera destaca por contar con considerables recursos extrapresupuestales, especialmente gracias a un fideicomiso de 25 millones de dólares aprobado por la Junta Departamental 2015-2020.
Sin embargo, entre la población sanducera surge la interrogante sobre el destino de estos recursos, especialmente en un contexto en el que el departamento ha experimentado un aumento significativo en la tasa de desocupación, duplicando las cifras del quinquenio anterior. La desazón se acentúa al observar que las obras municipales, especialmente en infraestructura vial, tienen una efímera duración, y que no se han construido viviendas para realojar a aquellos que residen en zonas propensas a inundaciones. Además, a lo largo de los últimos tres años, los anuncios realizados por la intendencia han carecido en gran medida de concreción.
El intendente, caracterizado por una notoria soberbia, ha sido criticado por la precarización del trabajo municipal, en colaboración con la Fundación A Ganar y los trabajadores de Jornales Solidarios, quienes a menudo realizan tareas para las que carecen de conocimiento y sin las debidas medidas de seguridad, resultando en accidentes con lesiones graves.
El Gobierno Departamental encabeza las estadísticas de opacidad, ya que numerosos pedidos de informes han quedado sin respuesta. Además, se señala la responsabilidad de la intendencia en la muerte de un trabajador reciclador en el vertedero municipal, accidente ocurrido al ser aplastado por una máquina.
Las sospechas aumentan cuando un alcalde del Partido Nacional, Ramiro Ayende, compañero político de Olivera, declara públicamente en un programa de radio que el intendente debería dejar de ser "careta" y mostrar las coimas que supuestamente recibe fuera de la intendencia por las obras que titula pero no realiza. También critica la asignación de fondos a proyectos considerados no prioritarios, como la remodelación de una plaza, la inversión en un estadio cerrado, y el pago de más de un millón de dólares a una empresa holandesa para un proyecto en la zona costera.
Estas declaraciones plantean preguntas inevitables sobre la normalización de este tipo de conductas en la política local y la necesidad de rendición de cuentas. La denuncia de coimas por parte de un jerarca hacia otro de su mismo partido, sin que haya consecuencias aparentes, lleva a reflexionar sobre la necesidad de responsabilidad y transparencia en el ámbito político.