¿NUEVA CONTRADICCIÓN DEL GOBIERNO? PRESUPUESTARÁN A QUIENES HAYAN SIDO CONTRATADOS POR ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS

Crónicas del Este 05/02/2024 Política

En un nuevo capítulo de decisiones gubernamentales que van en contra de las promesas electorales, la Ley N° 20212, aprobada en la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal para el ejercicio 2022, plantea una contradicción notoria con la visión de reducir la incidencia del Estado en la gestión pública, como pregonaba el Presidente Luis Lacalle Pou durante su campaña electoral.
El artículo 52 de esta ley autoriza al Poder Ejecutivo, a propuesta de los Incisos de la Administración Central, a designar en cargos presupuestados del último grado del escalafón respectivo a aquellos que, al 31 de diciembre de 2022, se encuentren realizando tareas permanentes propias de un funcionario público y hayan sido contratados bajo la modalidad de arrendamientos de servicio. Esta disposición va en contra de la premisa de reducir la carga estatal, ya que implica una ampliación de la plantilla de funcionarios, contraviniendo las expectativas generadas durante la campaña electoral.
La apertura a la designación en cargos presupuestados bajo estas circunstancias parece contradecir el espíritu liberal que proponía el actual gobierno. La posibilidad de incorporar a quienes desempeñaban tareas bajo contratos de arrendamiento de servicio implica un aumento en los costos estatales y contradice la lógica de reducción y eficiencia en el gasto público.
No menos llamativo es el hecho de que estas designaciones, según la ley, estarán exceptuadas de los procedimientos regulados en artículos específicos de la Ley N° 19.121, de 20 de agosto de 2013, lo que podría generar un ambiente propicio para designaciones discrecionales, sin los controles habituales que garantizan la transparencia en los procesos de selección.
Resultaría particularmente desconcertante que estas decisiones vayan en contra de las declaraciones del Presidente Lacalle Pou sobre la importancia de reducir la intervención del Estado en la vida de los ciudadanos y en la gestión gubernamental, pero es la norma. Parece que, para algunos sectores afines al gobierno, el peso estatal se justifica y, paradójicamente, se incrementa.
En este contexto, la Ley 20212 deja en evidencia una contradicción preocupante en la gestión gubernamental, generando interrogantes sobre la coherencia entre las promesas electorales y las decisiones políticas.