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Crónicas del Este
29/11/2023
Política
El pasado 22 de noviembre, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dio luz verde a la asignación anual que la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) destina a la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, por un monto de $200.000.000 (aproximadamente US$5 millones). Esta comisión, establecida anualmente por el Poder Ejecutivo, se ha mantenido en dicho importe desde 2019.
La resolución del MEF, difundida por el periodista Eduardo Preve, detalla que estos fondos transferidos de UTE a Salto Grande se respaldan en el artículo 448 de la ley 17.930, promulgada el 19 de diciembre de 2005.
Aunque la Ley de Presupuesto aprobó un crédito de $744 millones (US$19 millones) destinado a la delegación de Uruguay en la CTM, el organismo binacional ha solicitado reiteradamente partidas adicionales desde 2006 para cubrir sus costos operativos.
En junio de este año, el Gobierno concedió una partida adicional de US$5,3 millones a la CTM, lo que desencadenó una crisis política que culminó con la renuncia del presidente de la delegación, Carlos Albisu.
Durante su gestión, Albisu autorizó de manera directa el ingreso de 36 funcionarios a la CTM, incluyendo ocho ediles de la lista 404 liderada por el ex candidato a intendente de Salto. Entre junio de 2020 y julio de 2021, se realizaron 26 designaciones directas en el organismo, con salarios que oscilan entre $83.487 y $292.000.
Ante esta situación, la Cámara de Diputados votó de manera unánime a favor del cese de todos los contratos por designaciones directas y, en particular, de los ediles de la lista 404 del Partido Nacional. Sin embargo, hasta la fecha, solo dos de los 36 funcionarios han presentado renuncia, además de Albisu.
En octubre, la Junta Departamental de Salto rechazó las renuncias de cinco ediles del Partido Nacional que trabajan en la CTM. Los ediles del Frente Amplio declinaron aceptar las renuncias, resultando en votaciones en minoría de 14 en 31. Este episodio resalta las complejidades políticas y administrativas que rodean a la CTM y la necesidad de abordar de manera efectiva los desafíos institucionales que enfrenta.
El pasado 22 de noviembre, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dio luz verde a la asignación anual que la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) destina a la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, por un monto de $200.000.000 (aproximadamente US$5 millones). Esta comisión, establecida anualmente por el Poder Ejecutivo, se ha mantenido en dicho importe desde 2019.
La resolución del MEF, difundida por el periodista Eduardo Preve, detalla que estos fondos transferidos de UTE a Salto Grande se respaldan en el artículo 448 de la ley 17.930, promulgada el 19 de diciembre de 2005.
Aunque la Ley de Presupuesto aprobó un crédito de $744 millones (US$19 millones) destinado a la delegación de Uruguay en la CTM, el organismo binacional ha solicitado reiteradamente partidas adicionales desde 2006 para cubrir sus costos operativos.
En junio de este año, el Gobierno concedió una partida adicional de US$5,3 millones a la CTM, lo que desencadenó una crisis política que culminó con la renuncia del presidente de la delegación, Carlos Albisu.
Durante su gestión, Albisu autorizó de manera directa el ingreso de 36 funcionarios a la CTM, incluyendo ocho ediles de la lista 404 liderada por el ex candidato a intendente de Salto. Entre junio de 2020 y julio de 2021, se realizaron 26 designaciones directas en el organismo, con salarios que oscilan entre $83.487 y $292.000.
Ante esta situación, la Cámara de Diputados votó de manera unánime a favor del cese de todos los contratos por designaciones directas y, en particular, de los ediles de la lista 404 del Partido Nacional. Sin embargo, hasta la fecha, solo dos de los 36 funcionarios han presentado renuncia, además de Albisu.
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